Siglo 20
En el conflicto armado del año 1948, la oligarquía cafetalera que gobernó al país desde su independencia de España fue despojada del poder y emergió, entonces, la segunda República de Costa Rica,
Para el año 1970 este nuevo grupo de poder consolidó al país en un ordenamiento socialista institucional, cuya continuidad prosiguió aún después de que la oligarquía cafetalera volviera al poder en el país. Las estructuras del Estado fueron altamente burocratizadas, en beneficio de las nuevas oligarquías que emergieron y marcaron su bienestar. El año 2022 vislumbró un nuevo orden político-social-económico. Aquí algunos detalles:
Producto de esa Revolución del 48, el régimen de facto instaurado como Junta de Gobierno se adueñó de los fondos públicos mediante decreto para indemnizar presuntos daños causados por el enfrentamiento. Así también abolió el ejército y enrumbó hacia otros menesteres ese costo de mantener un ejército y nacionalizó los bancos, mediante intervención estatal y, según el decir popular, transferencia de influencias al punto que, para la administración 1970-1974, el ejercicio del poder fue absoluto mediante común acuerdo bipartidista con la Ley 4-3, misma que estableció que los personeros de las juntas directivas de todas las instituciones del estado fueran de absoluta mayoría para el gobernante en el poder.
Entonces, el llamado bipartidismo democrático se resume en que ambas facciones políticas hicieron coincidir sus intereses, como si fueran un solo partido político, haciendo creer al electorado la existencia de un régimen democrático confiable y seguro para la ciudadanía en general y, la gran mayoría de los costarricenses, abuelas, abuelos, niños y familias en general así lo creyeron mediante la inducción educativa, a cargo del profesorado que a su vez era militante de esa llamada socialdemocracia o Estado Solidario a la vista de un Estado Empresario.
Para el mundo occidental fue la mejor estrategia publicitaria no obstante los profundos matices de asaltos políticos, económicos y sociales. Los pobladores se atrincheraron desde todos los flancos que le fueron posibles para salvarse un poco de los altos precios de la canasta básica alimenticia y prisioneros de prestamistas adinerados.
Gran parte del electorado observó que muchas instituciones públicas no eran necesarias para el país o algunas tenían doble repetición de funciones y, por simple deducción, vieron que habían sido creadas por la nueva aristocracia política aprobando nuevas leyes y reglamentos para afincar privilegios exclusivos perpetuos entre las arcas pueblo.
Entre los máximos logros de ese entorno añejo estuvo la creación del Instituto Costarricense de Electricidad que, finalmente, tuvo que ceder en la construcción de represas hidroeléctricas cuyo pago estuvo a cargo de las altas tarifas cobradas a la clase media fuerte, trabajadora y próspera que, a su vez, fue y es proclive al voto femenino, a la inclusión de la mujer en el destino común del país y, de igual manera, en la lucha contra la discriminación racial.
Es obvio que la ciudadanía carece de fuerza ante los inmensos goces salariales y altas pensiones de lujo que socaban la justicia impronta y sin cumplir, por la complicidad de una Corte Suprema de Justicia que detiene causas legales que conllevan la impunidad pues, también es conocido, que los jueces han sido nombrados por los llamados amigotes legislativos según el decir popular.
Hoy, una gran parte de la ciudadanía observa que en el país hay mayor prosperidad si se aleja de los discursos de socialcristianos-socialdemócratas; porque esos vividores del erario público no pueden, ni han podido nunca, terminar con el desempleo y la desigualdad económica que redunda en la pobreza y la salud de las personas así como el endeudamiento empresarial, personal y familiar que es producto de esa inseguridad social inmersa en la educación en general, con énfasis en nuestra niñez que es la patria en marcha, desprotegida aunque, amparada solamente entre las familias económicamente fuertes.
